Supongamos que un día una transición política en el continente necesitara experiencia institucional externa para apoyarla: ¿qué magnitud de tarea podrían asumir las instituciones existentes de la República de China (Taiwán)? Esta pregunta no puede responderse con entusiasmo ni con pesimismo. Lo que una institución puede asumir depende de tres restricciones duras: el número de personas, la cantidad de dinero y la trasplantabilidad de la propia institución.
La conclusión primero: las instituciones existentes de la República de China (Taiwán) pueden ofrecer valiosos «modelos, personas y saber hacer», pero no pueden asumir directamente tareas de gobierno a escala continental. Su valor reside en la demostración y el apoyo, no en la sustitución. Tratar un modelo como sustituto es subestimar la brecha de escala de ambos lados.
I. La brecha de escala: primero los números
Taiwán tiene una población de unos 23 millones; el continente, unos 1.400 millones: una diferencia de aproximadamente sesenta veces. Las brechas en el número de jueces, funcionarios, policías y maestros son igualmente marcadas: el volumen de casos que el sistema judicial de la República de China (Taiwán) tramita cada año y el tamaño de las jurisdicciones que su sistema administrativo atiende no están en el mismo orden de magnitud que los de ninguna provincia grande del continente. Esto no es una crítica, sino aritmética: un sistema diseñado para 23 millones de personas, ampliado sesenta veces de forma directa, no funcionará sin más. Las finanzas, el personal, los sistemas de información y los mecanismos de supervisión: cada uno debe rediseñarse, no ampliarse proporcionalmente. Consideremos también las finanzas y la información: el presupuesto anual del gobierno central de la República de China (Taiwán) tampoco está en el mismo orden de magnitud que la escala fiscal de una sola provincia continental; las bases de población atendidas por los sistemas de información de registro civil, tributación, seguridad social y seguro de salud difieren en decenas de veces, y ampliar esos sistemas no es cuestión de comprar simplemente hardware, sino de reconstruir procesos, normas y capacidad reguladora. La brecha de escala también se manifiesta en el tiempo: la construcción institucional que Taiwán completó a lo largo de décadas no puede replicarse en el continente en unos pocos meses de transición; cualquier calendario debe estimarse en unidades de diez años.
II. Qué se puede trasplantar
Primero, la tecnología y los procedimientos electorales: la administración electoral, el recuento de votos, la resolución de disputas y las normas para una competencia partidaria justa; estos son oficios replicables. Segundo, los principios institucionales: la independencia judicial, la separación de poderes, la autonomía local y la libertad de prensa; estos principios no dependen de la escala. Tercero, las personas y la experiencia: la República de China (Taiwán) ha formado un contingente de jueces, abogados, funcionarios, periodistas y trabajadores de organizaciones cívicas familiarizados con el funcionamiento democrático; pueden servir como asesores, formadores y observadores, sin tener que gobernar ellos mismos. Cuarto, la experiencia de la educación cívica y el debate público: cómo ayudar a los ciudadanos comunes a comprender las constituciones, los presupuestos y las elecciones, y cómo organizar debates públicos, audiencias y grupos cívicos; esta experiencia blanda también puede transferirse, y a menudo es más difícil de obtener que las instituciones duras. Lo que estos cuatro tipos de trasplante tienen en común es que transfieren «saber hacer y experiencia», no «el poder de gobernar».
III. Qué no se puede trasplantar directamente
Primero, la nacionalización de las fuerzas armadas y la reforma del sector de seguridad: la nacionalización de las fuerzas armadas en la República de China (Taiwán) se completó a lo largo de décadas en condiciones históricas específicas; el aparato de seguridad del continente difiere por completo en escala, estructura y configuración de intereses, y no existe ninguna plantilla prefabricada. Segundo, la complejidad del gobierno local: las provincias, ciudades, condados y municipios del continente se apilan en múltiples niveles, y sus brechas étnicas, religiosas y de desarrollo regional son mucho mayores que las de Taiwán; la experiencia de racionalización de un solo nivel no puede trasladarse sin más. Tercero, la fuente de la legitimidad política: el mandato del gobierno elegido democráticamente de la República de China (Taiwán) procede de los votantes de Taiwán; una transición en el continente necesita su propio procedimiento de autorización por parte del pueblo del continente, y ninguna institución externa puede sustituir ese procedimiento. Además, las diferencias de estructura económica no pueden ignorarse: Taiwán está dominada por las pequeñas y medianas empresas y la industria orientada a la exportación, mientras que el continente tiene un enorme sector estatal, una estructura dual urbano-rural y un abismo en el desarrollo regional; el mismo conjunto de normas fiscales y de seguridad social producirá efectos totalmente distintos en las dos estructuras económicas.
IV. Una división del trabajo sensata: modelo, apoyo y articulación
El mejor posicionamiento del papel de la República de China (Taiwán) es triple: proporcionar un modelo institucional que pueda visitarse y estudiarse; proporcionar formación y apoyo técnico (administración electoral, judicatura, autonomía local, educación cívica); y, durante el período de transición, proporcionar funciones limitadas de coordinación y observación, sin buscar el poder de gobernar. El sujeto de la transición solo pueden ser instituciones construidas por el propio pueblo del continente; el valor de la experiencia externa reside en acortar el tiempo dedicado a prueba y error, no en reemplazar la prueba y el error en sí. Reconocer esto protege a ambas partes: evita que la República de China (Taiwán) asuma responsabilidades más allá de su capacidad, y evita que el continente trate un modelo externo como una respuesta prefabricada. Hay un último punto que debe hacerse: la propia evaluación de la capacidad de carga también exige humildad: las restricciones reales del período de transición solo se revelarán plenamente una vez que la transición comience. El papel de un modelo es permitir que el pueblo del continente cometa menos errores al principio; pero el camino debe recorrerlo en última instancia el propio pueblo del continente, y las instituciones deben construirlas en última instancia el propio pueblo del continente.
V. Las formas organizativas del apoyo: asesores, formación y grupos de trabajo conjuntos
Una vez establecido el posicionamiento de modelo, apoyo y articulación, la siguiente pregunta es la forma organizativa: ¿a través de qué tipo de órganos debería prestarse el apoyo, para que sea eficaz y no se extralimite? Primero, los grupos asesores: pequeños equipos de asesores formados por jueces, abogados, expertos electorales y trabajadores de la autonomía local, que asesoran por invitación de la parte continental; los asesores solo asesoran, no deciden, y el registro de las consultas se hace público. Segundo, los programas de formación: formación sistemática para los futuros funcionarios electorales, jueces, periodistas y trabajadores de organizaciones cívicas del continente, con contenidos centrados en los procedimientos y las técnicas —cómo organizar elecciones, cómo dirigir un tribunal, cómo hacer funcionar un consejo local— en lugar de exportar consignas ideológicas. Tercero, los grupos de trabajo conjuntos: para tareas de transición concretas, como la preparación técnica de unas primeras elecciones o la redacción de una primera ordenanza de autonomía local, se crean grupos de trabajo con una tarea y un plazo definidos, que se disuelven cuando la tarea termina. El principio común a las tres formas es que el órgano de apoyo debe ser de menor escala que la tarea que apoya, que el destinatario conserva siempre el poder de decisión y que quien apoya permanece siempre en una posición en la que se le puede pedir que se marche.
La forma organizativa también determina la dirección de la rendición de cuentas: los grupos asesores responden ante la parte que los invitó, los programas de formación hacen públicas sus cuentas ante los alumnos y los financiadores, y los grupos de trabajo conjuntos responden ante el encargo acordado por ambas partes. Si un órgano de apoyo se infla, permanece a largo plazo y pasa de asesor a decisor de facto, el apoyo degenera en una variante de la toma de control. Por tanto, los acuerdos de apoyo deberían establecer de antemano: el alcance de la tarea, el plazo, la fuente de financiación y las condiciones de salida. Cuando llega el plazo, el apoyo termina; cuando cambia la tarea, el acuerdo se renegocia. Encerrar el apoyo en formas organizativas con límites es un respeto institucional a la capacidad de acción del destinatario, y una protección para quien apoya: solo un compromiso limitado es un compromiso creíble.
VI. Evaluación y corrección del rumbo: cómo juzgar si el apoyo funciona
No se puede decidir si el apoyo funciona por parte de quien apoya, sino que debe medirse según las necesidades reales del destinatario. La primera norma de evaluación es el propio juicio del pueblo del continente: si la formación resolvió los problemas concretos que encontró, si las sugerencias de los asesores eran viables en las condiciones del continente y si las propuestas de los grupos de trabajo conjuntos fueron realmente adoptadas. Cualquier consejo que el destinatario archive, por elegantemente diseñado que esté, debe contarse como apoyo ineficaz. La segunda norma es la sostenibilidad de las instituciones: una vez terminado el apoyo, ¿puede el destinatario funcionar por sí solo? ¿Pueden organizarse las elecciones por sí mismas, pueden los tribunales juzgar por sí mismos, pueden los consejos locales deliberar por sí mismos? Cualquier proyecto que se detiene en cuanto se retira el apoyo es dependencia, no capacidad. La tercera norma es un mecanismo de corrección: los proyectos de apoyo deberían someterse a una evaluación independiente periódica, los informes de evaluación deberían hacerse públicos y los proyectos con malos resultados deberían ajustarse o terminarse, en lugar de continuar por inercia.
El sentido de la evaluación y la corrección del rumbo es evitar que el apoyo se convierta en un ritual de autofelicitación. El fracaso más común en la historia del apoyo a la transición no es demasiado poco apoyo, sino que quien apoya se absorbe en la autoafirmación de «estamos ayudando», sin preguntarse nunca si la ayuda realmente dio en el blanco. Entregar la evaluación al destinatario y a terceros, escribir la corrección en el acuerdo y tratar la terminación como una opción normal: solo así el apoyo puede acortar de verdad el tiempo de prueba y error del pueblo del continente, en lugar de sustituir un gran espectáculo de apoyo por la propia construcción institucional del pueblo del continente. Solo hay una norma para el éxito del apoyo: el destinatario necesita el apoyo cada vez menos.
Lecturas recomendadas
Índice de las cuarenta preguntas
¿Cómo pasó Taiwán del gobierno autoritario a la democracia? (Q11)
El autogobierno local y la vida cotidiana (Guía I05)
Cómo juzgar si un plan de transición es fiable (Guía I06)
Fuentes
Índice de las cuarenta preguntas
Ensayos introductorios de esta serie (I01–I06)
De la Revolución Xinhai hasta hoy: ¿por qué China cae una y otra vez en el ciclo del cambio dinástico? — conclusión citada; argumentación causal no repetida
Centro del paquete de transición de siete leyes — leyes modelo, no leyes ya en vigor
Traducido del original en chino simplificado (publicado el 4 de noviembre de 2026).
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