¿Cómo deben repartirse las competencias fiscales entre el gobierno central y los gobiernos provinciales y de condado?

El reparto de las competencias fiscales decide si la autonomía local puede realmente arraigar. Si los gobiernos locales tienen competencias funcionales pero no competencias fiscales, la autonomía se convierte en cocinar sin arroz; si el gobierno central pierde la capacidad de coordinación que necesita, las garantías y la coordinación de ámbito nacional también quedarán vacías. Un reparto razonable no es una división proporcional de una sola vez, sino un conjunto de reglas: quién recauda los impuestos, quién gasta, quién es responsable y quién controla, todo debe quedar escrito con claridad en la ley y poder ajustarse a medida que cambia la estructura económica. La equidad de los arreglos fiscales se mide, en última instancia, por si los ciudadanos pueden obtener, allí donde viven, servicios públicos básicos y dignos.

1. Primero repartir las competencias funcionales, después hablar de las competencias fiscales

La condición previa para el reparto fiscal es la claridad de las competencias funcionales. Las cuestiones cercanas a los habitantes —la educación, la atención sanitaria de base, la asistencia social, las carreteras locales y la gobernanza ambiental— deberían ser asumidas principalmente por los gobiernos locales; la defensa nacional, los asuntos exteriores, las infraestructuras de ámbito nacional y la coordinación interregional deberían ser asumidas principalmente por el centro. Cuando las competencias no están claras, las negociaciones sobre las competencias fiscales serán inevitablemente caóticas, y los niveles superiores podrán fácilmente trasladar hacia abajo las responsabilidades de gasto mientras conservan las competencias de ingreso. La ley debería definir las atribuciones de cada nivel mediante una lista detallada y prever que toda competencia nueva deba ir acompañada de la financiación correspondiente, para evitar mandatos sin financiación.

2. El reparto de los ingresos debe ser estable y previsible

Los gobiernos locales necesitan ingresos propios estables y previsibles antes de poder elaborar presupuestos plurianuales y rendir cuentas ante los electores. Las bases imponibles adecuadas para los gobiernos locales son, en general, aquellas estrechamente vinculadas a la economía y a la propiedad locales y de escasa movilidad; los elementos muy móviles, cuya base puede desplazarse fácilmente, deberían corresponder al centro, para evitar una competencia destructiva entre gobiernos locales. El reparto de los ingresos debería quedar inscrito en la ley; los ajustes deben pasar por el procedimiento legislativo e incluir un período de transición, y no deben modificarse a voluntad por vía administrativa. Los gobiernos locales deberían disponer también, dentro de los límites fijados por la ley, de un margen limitado para fijar los tipos impositivos o las tasas, de modo que las decisiones fiscales estén vinculadas a las preferencias locales.

3. Las transferencias cubren las brechas, sin crear dependencia

Las brechas de capacidad fiscal entre las regiones existen objetivamente; el papel de las transferencias centrales es garantizar la igualdad de los servicios básicos, y no borrar todas las diferencias. Las transferencias deberían basarse en una fórmula publicada, que tenga en cuenta la población, los niveles de ingreso, los costes de los servicios y las necesidades particulares, publicándose regularmente los resultados de los cálculos y sometiéndose a la auditoría y al control público. Las subvenciones específicas deberían limitarse en su objeto y su duración, para no convertirse en instrumentos de intervención del centro en el detalle local. Las subvenciones generales deberían respetar las prioridades locales. Ninguna subvención debería estar condicionada a la lealtad política; de lo contrario, las finanzas se convertirían en un medio de control.

4. Apertura presupuestaria y responsabilidad

Las competencias fiscales deben estar vinculadas a mecanismos de responsabilidad. Los presupuestos, las liquidaciones, las deudas y las grandes contrataciones de todos los niveles deberían divulgarse al público; los consejos locales deberían disponer de verdaderas competencias deliberativas; los órganos de auditoría deberían ejercer sus funciones con independencia. La deuda local debe estar sometida a límites y a reglas de divulgación, para evitar hipotecar los ingresos futuros en beneficio de los logros políticos del presente. Solo cuando los ciudadanos y los medios de comunicación pueden examinar las cuentas y plantear preguntas descansa la disciplina fiscal sobre una base social. Los litigios fiscales entre el centro y los gobiernos locales deberían resolverse mediante procedimientos jurídicos e instituciones independientes, y no por presión administrativa.

5. Control, evaluación y ajuste periódico

Las reglas del reparto fiscal necesitan un examen periódico, y no una permanencia inmutable. La estructura económica, la distribución de la población y los costes de los servicios cambian todos; si el reparto de los ingresos y las fórmulas de transferencia no se ajustan durante mucho tiempo, la equidad se irá vaciando progresivamente. La ley debería prever una evaluación pública del sistema fiscal cada pocos años; los informes de evaluación deberían abarcar la evolución de los ingresos y los gastos, la deuda, los niveles de servicio y las brechas regionales en todos los niveles, y recoger las opiniones de los consejos locales y del público. El proceso de ajuste debería ser transparente; los cambios importantes deben pasar por el procedimiento legislativo e incluir disposiciones transitorias, para evitar desequilibrar repentinamente los presupuestos locales. La auditoría y la apertura son la base de la evaluación; sin datos fiables, ningún ajuste puede imponerse.

6. Cómo pueden los ciudadanos leer las cuentas fiscales

Por bien diseñadas que estén las reglas fiscales, si los ciudadanos no pueden entender las cuentas, el control seguirá siendo difícil de llevar a la práctica. Los gobiernos locales deberían publicar resúmenes presupuestarios en lenguaje claro, que expliquen las principales fuentes de ingresos, las prioridades de gasto y la situación de la deuda, y proporcionar detalles consultables. Los grupos cívicos y los medios de comunicación pueden ayudar a interpretar los datos, a comparar los niveles de servicio y la eficiencia fiscal entre las regiones, y a proponer mejoras. La educación escolar y comunitaria puede incluir también conocimientos fiscales básicos, para que los habitantes entiendan la relación entre la imposición y los servicios. Leer las cuentas no es un privilegio profesional, sino una capacidad básica de la participación democrática, y una línea de defensa social contra los abusos fiscales.

Combinadas con la transparencia fiscal y la participación ciudadana, las finanzas locales pueden servir verdaderamente al bienestar de los habitantes, en lugar de a los intereses de unos pocos.

Poner en práctica este conjunto de reglas exige una cooperación a largo plazo entre la legislación, la auditoría y el control ciudadano.

Referencias

  • Historia de la ROC y reconstrucción constitucional — 40 preguntas | 中华民国历史与宪政重建四十问
  • Introducción a esta serie (seis textos; véase el índice de la serie)
  • Transición democrática en el continente y restauración del gobierno constitucional de la ROC — Expansión de la zona libre, elecciones nacionales y doble crisis constitucional de la ROC
  • Hoja de ruta para la reforma constitucional y jurídica de la ROC antes, durante y después de la transición democrática en el continente — Obstáculos del derecho vigente, competencia legislativa y planes de aplicación por etapas
  • El camino constitucional inconcluso: Guo Songtao, Song Jiaoren y Chen Jiongming sobre el pensamiento de construcción del Estado y los límites históricos del federalismo chino
  • De las promesas de constituciones provinciales a la reforma de racionalización: la reducción institucional del gobierno provincial de Taiwán y la transferencia de la responsabilidad fiscal (1948 hasta hoy)
  • Seven-Law Transition Package (recopilación de leyes modelo propuestas, no leyes ya en vigor)

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Traducido del original en chino simplificado (publicado el 2 de noviembre de 2026).